Evaluación de sociedad civil

Evaluación de sociedad civil sobre la lucha contra la corrupción en los países
de la región
En la región, numerosos reportes han intentado evaluar el estado de situación de la lucha contra la corrupción en los países de la Región. Una de las redes más dinámicas en ese sentido ha sido obviamente Transparencia Internacional (TI). Esta ha realizado en abril de 2007 un Estudio del estado de los mecanismos de Integridad Pública en América Latina, como un primer ejercicio en la búsqueda de medición de la implementación de compromisos internacionales anticorrupción en 9 países de América Latina, en particular en materia de compromisos de los Estados y gobiernos en las áreas de prevención de conflictos de interés, la aplicación de sistemas de declaración jurada de patrimonio, y el cumplimiento del deber de los funcionarios públicos de denunciar actos de corrupción así como proteger a los denunciantes de buena fe. De acuerdo a los datos analizados por Transparencia Internacional, el marco jurídico institucional de los países examinados (entre los que se encuentran Argentina y Paraguay, y Venezuela como país en vías de ingreso; para Uruguay y Brasil TI no tiene datos) muestra, en términos generales, un nivel alto de cumplimiento con los estándares establecidos en las Convenciones. Aunque las estructuras jurídicas de los países no muestran niveles óptimos, sí tienen las condiciones generales de fortaleza para aplicar los mecanismos de prevención de la corrupción evaluados. TI ha encontrado que los sistemas de declaración de patrimonio son los que muestran mejores resultados, y, tras estos, los mecanismos de prevención de conflictos de interés. En el último lugar están los mecanismos de deber de denuncia y protección de los denunciantes de actos de corrupción. En esta área, los marcos normativos aún necesitan desarrollarse en prácticamente todos los países, para así generar condiciones favorables y permanentes para la denuncia de actos de corrupción. 1. Implementación de los mandatos de las Cumbres de las Américas
Transparencia Internacional también ha monitoreado la implementación de los mandatos de las Cumbres de las Américas, que han dedicado mucha atención al tema de la lucha contra la corrupción. En las cinco Cumbres de las Américas que se han celebrado hasta el momento la lucha contra la corrupción ha sido una prioridad en la agenda de la región y los jefes de gobierno han asumido compromisos para avanzar en su reducción. Con motivo de la V Cumbre de las Américas TI intentó evaluar en qué grado se está materializando el compromiso de los Estados en materia de lucha contra la corrupción, con énfasis en los avances registrados en la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), instrumento jurídico que integra y condensa la agenda anticorrupción en la región. Para la evaluación a nivel nacional TI se enfocó en el estado de implementación de las recomendaciones que cada Estado ha recibido como parte de su evaluación en el mecanismo de monitoreo de la CICC. En la primera Cumbre de las Américas (Miami, 1994), los Jefes de Estado identificaron a la lucha contra la corrupción como un elemento fundamental para la institucionalidad democrática. En el Plan de Acción resultante de esta Cumbre, los países se comprometieron, entre otras cosas, a promover el debate público sobre los temas gubernamentales, garantizar la debida supervisión de las funciones gubernamentales y el acceso a la información pública, establecer normas sobre conflictos de interés, enriquecimiento ilícito y soborno y a promover un enfoque hemisférico sobre lo que se considera actos de corrupción. Como resultado del trabajo de actores gubernamentales y no gubernamentales, la Convención Interamericana contra la Corrupción fue adoptada por los Estados miembro de la OEA en marzo de 1996 y se convirtió así en el primer instrumento regional de este tipo. En la segunda Cumbre (Santiago, 1998) los gobiernos se comprometieron a respaldar el Programa Interamericano para Combatir la Corrupción y promover la ratificación y adecuado seguimiento de la CICC. También acordaron, entre otros, adecuar las legislaciones internas para que se estableciese la obligación de presentar declaraciones juradas y patrimoniales entre los titulares de altos cargos públicos, medida que se encontraba ya incluida en la CICC. La Cumbre de Quebec (2001) insistió en la necesidad de firmar y ratificar la Convención Interamericana y resultó vital para el establecimiento de un mecanismo para el monitoreo de su implementación. Compromiso que se concretó en la Asamblea General de la OEA de 2001 donde se adoptó el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). En 2004 se realizó una Cumbre Extraordinaria en Monterrey. Nunca como en esta ocasión, la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción habían tenido un lugar tan privilegiado en las reuniones de los Jefes de Estado del Hemisferio. La Declaración de Nuevo León añade nuevos compromisos en la lucha contra la corrupción y establece medidas concretas para avanzar en esta agenda como promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública. Transparencia International realizó una evaluación de los principales avances en el cumplimiento de los mandatos de las diferentes Cumbres de las Américas. Para este análisis se basó en diferentes indicadores como el estado de ratificación de las convenciones anticorrupción, la participación de los Estados en los mecanismos de monitoreo y principalmente el nivel de implementación de las recomendaciones realizadas por el Comité de expertos en el marco del MESICIC. a) Firma y ratificación de Tratados
Un punto fundamental para determinar si los compromisos expresados declarativamente se cumplen es corroborar qué países han firmado y ratificado tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC de 2003). Todos los Estados Miembro de la OEA menos Barbados son parte de la Convención Interamericana. De estos, todos menos Antigua y Barbuda, Dominica, San Kitts y Nevis y Santa Lucía son Parte del MESICIC. Todos los Estados de las Américas son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, menos Barbados, Haití (que la han firmado pero no ratificado), Belice, Grenada, San Vicente y las Granadinas y Suriname. b) Presentación de informes sobre el cumplimiento de los mandatos
Anticorrupción
Según la información disponible en el sitio Web del GRIC, la provisión de información sobre el cumplimiento de los mandatos de las Cumbres es bastante irregular. Mientras que algunos países presentaron cinco o más informes de avance (Canadá, Colombia y Perú), otros han presentado entre tres y cuatro (Argentina, Brasil, El Salvador, Panamá y Estados Unidos), otros sólo uno o dos informes (Bahamas, Belize, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y St Kitts and Neves, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela) y otros ninguno (Antigua y Barbuda, Barbados y Dominica). Ahora bien, si analizamos el contenido de lo reportado por los países, la diferencia es aún más significativa. Mientras que algunos países proporcionaban tan sólo un párrafo de lo relacionado con las acciones desarrolladas para combatir la corrupción, otros presentaban informes más completos y en línea con la información provista en el MESICIC. 1. Recomendaciones de la sociedad civil para mejorar los mecanismos
nacionales y regionales de lucha contra la corrupción
El relevamiento hecho por TI en relación con el cumplimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas, llevó a la formulación de recomendaciones, entre ellas: Fortalecer instancias de intercambio, capacitación y asistencia técnica entre los Estados y las Organizaciones de la Sociedad Civil. Constituir equipos multi-sectoriales integrados por representantes de la sociedad civil y del gobierno para difundir la relevancia de las Cumbres y la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los mandatos. Fortalecer la participación de la Sociedad Civil e implementar mecanismos para lograr este objetivo, tales como la creación de estándares, reglas y cronogramas apropiados y bien difundidos para la participación de la sociedad civil en el desarrollo, debate y establecimiento de la agenda y los planes de acción de las Cumbres de las Américas. Fomentar un mayor involucramiento de ciudadanía en el control del cumplimiento de los mandatos. Consensuar un sistema de indicadores básicos que permitan monitorear los mandatos de la Convención. Instruir a los Estados Parte para que publiquen y difundan a nivel nacional los informes resultantes del MESICIC. c) Cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Expertos del
La implementación de la Convención ha avanzado en lo formal gracias a conformación e institucionalización del Comité de Expertos, organismo encargado de monitorear el grado de avance en la implementación del contenido de la CICC por los Estados Parte. Al momento de la elaboración del informe por Transparencia Internacional, se habían realizado dos rondas de evaluación del grado de avance en la implementación del contenido de la Convención. El Comité de Expertos elabora recomendaciones para cada tema que fue analizado.
Algunas de estas para ser llevadas a la práctica requieren de la aplicación de ciertas
medidas que son sugeridas en la evaluación de los expertos. En diciembre de 2008, de
acuerdo al Segundo Informe Hemisférico del Comité de Expertos y en relación a la
regulación de los conflictos de interés “fueron recomendadas 145 medidas y sobre
60 de ellas (41%) no reportó información sobre avances en su implementación; 64 de
las mismas (44%) requieren atención adicional y las 21 restantes (15%) fueron
consideradas satisfactoriamente”.
En su evaluación sobre el avance en la implementación de medidas destinadas a
mejorar la preservación y uso de los recursos, el Comité de Expertos informó que
“fueron recomendadas 71 medidas y sobre 23 de ellas (32%) no se reportó
información sobre avances en su implementación; 33 de las mismas (47%) requieren
atención adicional y las 15 restantes (21%) fueron consideradas satisfactoriamente”.
En relación a la obligación de los funcionarios a informar a las autoridades
competentes sobre los actos de corrupción de los que tengan conocimiento, el
Comité de Expertos informó que “fueron recomendadas 84 medidas y sobre 36 de ellas
(43%) no se reportó información sobre avances en su implementación; 36 de las
mismas (43%) requieren atención adicional y las 12 restantes (14%) fueron
consideradas satisfactoriamente”.
De acuerdo al Segundo Informe Hemisférico en la evaluación de las medidas sobre
sistemas para la declaración de ingresos, activos y pasivos, el Comité informó
que “…fueron recomendadas 131 medidas y sobre 45 de ellas (34%) no se reportó
información sobre avances en su implementación; 70 de las mismas (54%) requieren
atención adicional y las 16 restantes (12%) fueron consideradas satisfactoriamente”.
El Comité de Expertos informó que, en relación al fortalecimiento de los órganos
de control superior, “…fueron recomendadas 51 medidas y sobre 16 de ellas (31%)
no se reportó información sobre avances en su implementación; 29 de las mismas
(57%) requieren atención adicional y las 6 restantes (12%) fueron consideradas
satisfactoriamente”.
En el caso de los mecanismos de acceso a la información y de acuerdo al
Segundo Informe Hemisférico “fueron recomendadas 83 medidas y sobre 38 de ellas
(46%) no se reportó información sobre avances en su implementación; 32 de las
mismas (38%) requieren atención adicional y las 13 restantes (16%) fueron
consideradas satisfactoriamente”.
En relación a los mecanismos de consulta, “fueron recomendadas 62 medidas y
sobre 26 de ellas (42%) no se reportó información sobre avances en su
implementación; 23 de las mismas (37%) requieren atención adicional y las 13
restantes (21%) fueron consideradas satisfactoriamente”.
Acorde a lo informado por el Comité de Expertos sobre los mecanismos para
estimular la participación de la sociedad civil en la gestión pública “…fueron
recomendadas 69 medidas y sobre 31 de ellas (45%) no se reportó información sobre
avances en su implementación; 25 de las mismas (36%) requieren atención adicional y
las 13 restantes (19%) fueron consideradas satisfactoriamente”.
El Comité de Expertos informó que, en relación a la promoción de la sociedad civil
en el seguimiento de la gestión pública, “…fueron recomendadas 62 medidas y
sobre 26 de ellas (42%) no se reportó información sobre avances en su
implementación; 28 de las mismas (45%) requieren atención adicional y las 8
restantes (13%) fueron consideradas satisfactoriamente”.
De acuerdo al Segundo Informe Hemisférico y en relación a las medidas para la
asistencia y cooperación “…fueron recomendadas 91 medidas y sobre 49 de ellas
(54%) no se reportó información sobre avances en su implementación; 24 de las
mismas (26%) requieren atención adicional y las 18 restantes (20%) fueron
consideradas satisfactoriamente”.
El informe del Comité evaluó las acciones desarrolladas por los países en relación al
establecimiento de autoridades centrales e informó que “…fueron recomendadas
29 medidas y sobre 14 de ellas (48%) no se reportó información sobre avances en su
implementación; 8 de las mismas (28%) requieren atención adicional y las 7 restantes
(13%) fueron consideradas satisfactoriamente”.
2. Implementación de las Recomendaciones del MESICIC por los
gobiernos según la sociedad civil
El grado de avance en la implementación de las recomendaciones de la segunda ronda no ha sido aún evaluada por el Comité de Expertos. El trabajo de TI apuntó a comparar el cumplimiento de las recomendaciones en los países donde participaron organizaciones miembro de Transparencia Internacional. Considerando la información provista por los capítulos, del total de 26
recomendaciones emitidas por el Comité sobre los sistemas de contratación de
funcionarios públicos, sobre 22 de ellas (84%) se reportó la existencia de medidas
para cumplir con lo recomendado por el Comité. De estas 22, 16 (73%) fueron
evaluadas como insuficientes. En 11 casos se reportaron dificultades para la
implementación efectiva de las medidas.
De acuerdo a lo informado por los capítulos, del total de 41 recomendaciones emitidas
por el Comité sobre los sistemas de adquisiciones de bienes y servicios, en 27
casos (66%) se reportó la existencia de medidas para cumplir con lo recomendado por
el Comité. Sobre el total de los 27 casos, 13 (48%) fueron evaluadas como suficientes.
Acorde a lo reportado por las organizaciones que participaron en el estudio, del total
de 10 recomendaciones emitidas por el Comité sobre la protección de funcionarios
y ciudadanos que denuncien actos de corrupción, tan sólo en 2 casos (80%) se
reportó la existencia de medidas para cumplir con lo recomendado por el Comité.
Del total de 15 recomendaciones sobre actos de corrupción, 8 casos (53%)
reportaron la inexistencia de medidas para cumplir con lo recomendado por el Comité.
De acuerdo a lo informado por los capítulos sobre los nueve países, del total de 43
recomendaciones generales emitidas por el Comité en el primer y segundo
informe, en 21 casos (49%) se reportó la existencia de medidas para cumplir con lo
recomendado por el Comité. 11 de estas (43%) fueron evaluadas como insuficientes.

Source: http://www.cefir.org.uy/files/Evaluacion_sociedad_civil.pdf